Desde hace algún tiempo, es habitual despertar con noticias sobre algún informe, relatoría o “tirón de orejas” proveniente de organismos internacionales, particularmente de las Naciones Unidas, dirigido hacia nuestras políticas internas. Lo que antaño se recibía como una observación técnica de un árbitro imparcial, hoy genera una mezcla de escepticismo y distancia en buena parte de la ciudadanía. La pregunta que surge no es solo si tienen razón en sus críticas, sino hasta qué punto una burocracia transnacional, que no responde ante los electores chilenos, debe marcar la pauta de nuestra agenda pública.
El concepto de soberanía parece haber quedado relegado a los libros de historia, como si fuera una noción polvorienta del siglo XIX. Sin embargo, la esencia del Estado moderno —que bajo nuestra mirada editorial definimos como esa maquinaria de burocracia, coerción y pérdida de libertad— reside precisamente en su capacidad para autodeterminarse. Cuando el centro de gravedad de las decisiones políticas se desplaza desde las instituciones nacionales hacia oficinas en Ginebra o Nueva York, algo fundamental se quiebra en la cadena de responsabilidad democrática. El ciudadano siente, con justa razón, que su voto pesa menos que el informe de un experto que jamás ha caminado por las calles de Santiago, Temuco o Antofagasta.
La agenda global y el sentimiento local
Esta influencia no se manifiesta solo en tratados vinculantes, sino en lo que se conoce como “derecho blando”: recomendaciones que, a fuerza de repetición y presión diplomática, terminan convertidas en leyes nacionales. El problema surge cuando estas directrices chocan frontalmente con la realidad material y los valores de la población local. No es extraño ver cómo se priorizan agendas globales que parecen diseñadas en laboratorios ideológicos ajenos a nuestra idiosincrasia.
Esta desconexión es un síntoma claro de una decadencia cultural que privilegia el cosmopolitismo de las élites por sobre el sentido común y las urgencias de la gente de a pie, que ve cómo sus problemas de seguridad o empleo quedan en segundo plano frente a las nuevas prioridades del lenguaje internacional. Históricamente, los organismos internacionales nacieron para evitar la guerra y facilitar la cooperación. Eran herramientas al servicio de las naciones. No obstante, con el paso de las décadas, estas estructuras han cobrado vida propia, transformándose en actores políticos con agenda propia que buscan uniformar el pensamiento bajo un estándar burocrático único.
El control del relato
Entender este fenómeno requiere mirar más allá de la noticia del día. Estamos insertos en una batalla cultural de escala global, donde el control del relato es el premio mayor. En este escenario, las instituciones internacionales funcionan como cajas de resonancia para ciertas visiones del mundo que buscan homogeneizar las culturas. Defender la soberanía no es sinónimo de aislamiento; es, sencillamente, reivindicar que el lugar legítimo para el debate y la resolución de nuestras diferencias es el territorio nacional, bajo el sol de nuestra propia democracia y no bajo los focos de una asamblea extranjera.
La relación de Chile con el mundo debe ser de apertura y cooperación, pero nunca de sumisión intelectual. Una nación que externaliza su criterio y sus valores a organismos externos termina por perder su identidad. El respeto internacional se gana con instituciones sólidas y un orden interno coherente, no con la obediencia ciega a directrices que, muchas veces, ni siquiera los países más poderosos se atreven a cumplir en sus propios territorios.
La soberanía es el escudo de las naciones frente a los intereses de las grandes burocracias. Si permitimos que el relato sobre lo que somos y lo que debemos ser se escriba exclusivamente fuera de nuestras fronteras, habremos renunciado a la capacidad de ser arquitectos de nuestro propio destino. La política, al final del día, es un ejercicio de arraigo y pertenencia, algo que ningún organismo internacional podrá reemplazar jamás.