Pocos conceptos gozan de una legitimidad tan universal como el de los derechos humanos. En teoría, representan el triunfo de la civilización sobre la barbarie: un escudo protector que resguarda al individuo frente a los abusos del poder. Sin embargo, en la práctica política contemporánea, hemos sido testigos de cómo este noble ideal ha sido secuestrado por intereses facciosos. Lo que debería ser un estándar moral inamovible se ha transformado, con frecuencia, en una herramienta de presión para avanzar agendas ideológicas que poco tienen que ver con la dignidad humana y mucho con la captura del aparato estatal.
El problema radica en la mutación conceptual que han sufrido estos derechos. Originalmente concebidos como “derechos de defensa” —es decir, límites para impedir que el soberano atropellara la libertad del ciudadano—, hoy se presentan como un catálogo infinito de prestaciones que el Estado debe proveer. Esta expansión desmedida no es inocente; es el motor que justifica el crecimiento del Estado moderno, el cual, bajo la excusa de garantizar nuevos derechos, termina por hipertrofiar su burocracia y ejercer una coerción cada vez más asfixiante sobre la vida privada. Cuando todo es un derecho humano, nada lo es realmente, y la protección del individuo queda supeditada a la capacidad de gestión de un sistema que, por definición, tiende a la ineficiencia.
En el escenario local, esta instrumentalización se hace evidente cuando ciertos sectores políticos utilizan el discurso de los derechos humanos para blindar la violencia o deslegitimar el uso de la fuerza pública. Se instala una asimetría perversa: mientras se vigila con lupa cada acción del Estado para mantener el orden, se suelen matizar o ignorar las violaciones a los derechos de las víctimas de la delincuencia y el terrorismo. Este doble estándar no es un error de cálculo, sino un síntoma de la decadencia cultural que padece nuestra clase dirigente, la cual ha renunciado a la defensa del principio de autoridad en favor de un sentimentalismo jurídico que solo beneficia a quienes operan fuera de la ley.
Esta deriva no solo erosiona la seguridad, sino que fractura la confianza en las instituciones. Cuando los organismos internacionales o las ONG locales actúan como tribunales morales con sesgo evidente, el ciudadano común comienza a ver los derechos humanos no como un refugio, sino como un obstáculo para su propia tranquilidad. Para rescatar la esencia de estos derechos, es imperativo devolverlos a su marco original: el de la libertad individual y la responsabilidad personal.
No podemos seguir permitiendo que la protección de la dignidad humana sea el disfraz de una ambición política que busca el control total. La verdadera defensa de estos principios pasa por reconocer que solo pueden existir en un entorno donde se respete la ley y se limite el poder de quienes nos gobiernan. Al final, la batalla cultural que hoy libramos es también una lucha por el lenguaje; por evitar que términos tan sagrados como “derechos” terminen convertidos en simples consignas para el vaciamiento de nuestras libertades fundamentales.
La manipulación del relato humanitario ha convertido una causa noble en un campo de batalla ideológico. Recuperar la sobriedad y el rigor en esta discusión no es solo una necesidad académica, sino una urgencia política para cualquier nación que aspire a ser libre y soberana.