Hubo un tiempo en que el Estado se percibía como un árbitro distante, una estructura necesaria pero limitada que garantizaba que las reglas del juego fueran iguales para todos. Sin embargo, en las últimas décadas, esa figura ha mutado. Lo que nació como un servidor del ciudadano se ha transformado en un tutor omnipresente que no solo gestiona lo público, sino que pretende dirigir lo privado. Esta expansión no ha sido gratuita: ha venido acompañada de una burocracia asfixiante y un ejercicio de la coerción que, bajo el disfraz de la protección, erosiona sistemáticamente la autonomía de las personas.
Para el ciudadano común, el Estado moderno se manifiesta no en grandes ideales democráticos, sino en el mostrador de una oficina pública, en el formulario interminable o en la prohibición arbitraria. Es una maquinaria que se alimenta de recursos ajenos y que, a cambio, ofrece una gestión cada vez más ineficiente. La paradoja es evidente: a medida que el aparato estatal crece, la sensación de seguridad y bienestar parece disminuir. No estamos frente a un problema de gestión política de turno, sino ante una crisis estructural de diseño que pone en riesgo nuestra libertad individual frente al poder centralizado.
La burocracia como fin en sí misma
La burocracia ya no es solo un método de organización; se ha convertido en una clase social con intereses propios. En Chile, como en gran parte de Occidente, hemos visto cómo el aparato administrativo se expande de forma orgánica, creando nuevas agencias, ministerios y comisiones que a menudo duplican funciones o inventan problemas para justificar su existencia.
El problema de esta hipertrofia es que la burocracia tiende a ser alérgica al cambio y a la rendición de cuentas. Cuando un proceso se vuelve excesivamente complejo, el ciudadano queda desarmado. Ya no se trata de cumplir con la ley, sino de navegar por un laberinto de interpretaciones que solo el propio burócrata domina. Esta asimetría de poder es una forma de coerción blanda: si para emprender un negocio, educar a un hijo o disponer de la propiedad privada se requiere el permiso constante de una entidad estatal, entonces la libertad ya no es un derecho, sino una concesión temporal.
Muchos defienden este crecimiento bajo la bandera de la justicia social o el bienestar común. Sin embargo, la experiencia histórica nos dice que un Estado que intenta abarcarlo todo termina por no apretar en nada. Al dispersar sus esfuerzos en mil frentes ideológicos, descuida sus funciones más básicas y esenciales: la seguridad, la justicia y la protección de los derechos fundamentales. Es aquí donde surge la necesidad de repensar la estructura hacia un modelo de Estado mínimo y orden social, donde el poder público se concentre en ser eficaz en lo poco, para dejar espacio a la creatividad y la energía de la sociedad civil en lo mucho.
La coerción bajo el velo del bienestar
La coerción moderna no siempre utiliza la fuerza física; a menudo utiliza la presión económica y normativa. El Estado moderno ha perfeccionado el arte de la tutela. Bajo el pretexto de cuidarnos de nosotros mismos, se entromete en decisiones que antes pertenecían exclusivamente al ámbito de la conciencia o de la familia. Se nos dice qué comer, cómo hablar, en qué gastar nuestro dinero y qué valores debemos transmitir a las siguientes generaciones.
Esta “coerción amable” es quizás la más peligrosa porque es la menos resistida. Cuando el Estado asume el rol de padre protector, el ciudadano corre el riesgo de convertirse en un eterno infante. Una nación de ciudadanos dependientes es una nación fácil de gobernar, pero difícil de sostener en términos de dignidad y progreso. La responsabilidad individual es el músculo que sostiene la libertad; si el Estado atrofia ese músculo ofreciendo soluciones prefabricadas para cada dilema de la vida, terminamos con una población que ya no sabe —ni quiere— valerse por sí misma.
Además, esta expansión estatal requiere una financiación constante. El peso de los impuestos no es solo un tema de números; es un tema de libertad. Cada hora de trabajo que se entrega obligatoriamente al fisco es una hora en la que el individuo no tiene soberanía sobre su propia vida. Cuando el Estado confisca una parte sustancial del fruto del esfuerzo ajeno para alimentar una burocracia ineficiente, está ejerciendo una forma de violencia económica que desincentiva la excelencia y premia la mediocridad.
El costo de la deshumanización administrativa
Uno de los efectos más corrosivos del estatismo actual es la deshumanización de los vínculos sociales. Al delegar todas nuestras responsabilidades éticas y solidarias en el Estado, dejamos de mirar al prójimo. La solidaridad ya no es un acto voluntario de empatía, sino un descuento obligatorio en la planilla de sueldo. Esta transferencia de la moralidad hacia la administración pública produce una sequía espiritual en la sociedad.
Cuando las instituciones intermedias —la familia, las asociaciones civiles, los barrios— pierden protagonismo frente al poder estatal, la cultura se empobrece. Lo que antes era un tejido vibrante y diverso se convierte en una masa uniforme regida por decretos. Este fenómeno es un síntoma claro de una decadencia cultural que confunde la participación política con la verdadera vida comunitaria. Una sociedad donde todo está politizado es una sociedad donde nada es realmente libre.
No es extraño, entonces, que el Estado moderno vea con sospecha cualquier espacio que no pueda controlar. La autonomía de los cuerpos intermedios es vista como una amenaza a la hegemonía del relato estatal. Sin embargo, es precisamente en esos espacios de libertad no regulada donde nace la verdadera innovación, el arte genuino y la cohesión que ninguna oficina de planificación central puede diseñar.
La necesidad de un retorno a lo fundamental
Frente a este panorama, la solución no es la ausencia de Estado, sino su limitación estricta y funcional. Necesitamos un Estado que sea fuerte en su autoridad legítima pero pequeño en sus pretensiones de ingeniería social. Un Estado que entienda que su misión es servir de marco para que las personas desarrollen sus propios proyectos de vida, no ser el autor de esos proyectos.
La reforma que se requiere es, ante todo, una reforma mental. Debemos dejar de ver al Estado como el proveedor de todas las soluciones y empezar a verlo como lo que es: una herramienta poderosa que, si no se mantiene bajo control, tiende naturalmente a la tiranía y al despilfarro. La libertad no se pierde de un día para otro en un gran evento catastrófico; se pierde en los pequeños detalles, en la aceptación silenciosa de un trámite más, de una prohibición nueva, de un impuesto adicional.
El Estado moderno ha crecido hasta convertirse en un fin en sí mismo, olvidando que su única razón de ser es la protección de la libertad de quienes lo sostienen. Recuperar esa libertad requiere algo más que un cambio de gobierno; requiere una ciudadanía dispuesta a reclamar su mayoría de edad, a asumir sus propios riesgos y a rechazar la comodidad sedante de la tutela estatal. Al final del día, una nación no se mide por el tamaño de sus ministerios, sino por la estatura moral y la independencia de sus ciudadanos.