En el centro del debate político contemporáneo, suele presentarse una falsa dicotomía: o aceptamos un Estado que se expande sin límites sobre cada rincón de nuestras vidas, o nos arrojamos al abismo de un caos sin ley. Sin embargo, existe una tercera vía, fundamentada en la prudencia y en la desconfianza histórica hacia el poder absoluto, que propone algo tan radical como sensato: un Estado que haga pocas cosas, pero que las haga bien. Esta es la premisa del minarquismo, una visión que busca rescatar la dignidad del ciudadano frente a la hipertrofia del Estado moderno, devolviendo a la sociedad civil el protagonismo que nunca debió perder.
La idea de un Estado mínimo no nace de un odio irracional hacia lo público, sino de una comprensión profunda de la naturaleza humana. El poder, por definición, tiende a expandirse. Lo que comienza como una oficina para resolver una emergencia puntual termina convirtiéndose en un ministerio permanente con miles de funcionarios cuya principal tarea es justificar su propio presupuesto. El minarquismo propone poner fin a este ciclo, limitando la acción estatal exclusivamente a sus funciones esenciales: la protección de la vida, la libertad y la propiedad. Todo lo demás debería quedar en manos de la libre asociación de las personas.
La seguridad como fundamento legítimo
Para que una nación prospere, necesita reglas claras y un entorno donde el miedo no sea el motor de las decisiones. El argumento minarquista sostiene que el único motivo por el cual cedemos parte de nuestra autonomía a una autoridad central es para que esta actúe como un juez imparcial y un guardián de la paz. Cuando el Estado intenta ser también empresario, educador, guía moral y proveedor universal, termina descuidando lo único que justifica su existencia.
En Chile, hemos sido testigos de cómo el aparato fiscal se distrae en una infinidad de programas sociales de dudosa efectividad mientras las calles se vuelven más inseguras y el sistema judicial se percibe lento y errático. El enfoque del Estado mínimo busca revertir esta tendencia. Al concentrar todos los recursos y la autoridad en la policía, las fuerzas armadas y los tribunales, el Estado recupera su músculo para combatir el crimen y garantizar el orden social sin el cual ninguna libertad es posible. No es menos Estado por capricho, sino mejor Estado por necesidad.
Esta visión reconoce que el orden no es algo que se impone de arriba hacia abajo mediante decretos interminables, sino algo que surge cuando las personas saben que sus contratos serán respetados y que sus vidas están protegidas. El minarquismo no promueve la ley de la selva; al contrario, propone un marco legal robusto y simplificado donde el castigo al delincuente sea seguro y la protección al honesto sea la prioridad absoluta.
El mito del vacío estatal
Una de las críticas más frecuentes a esta postura es que, sin la intervención estatal en la economía o en la cultura, la sociedad quedaría desamparada. Pero este argumento ignora la capacidad creativa de la sociedad civil. Cuando el Estado retrocede, no queda un vacío; queda un espacio que es ocupado por la iniciativa privada, las organizaciones benéficas, las iglesias, los gremios y las familias.
El problema de la expansión estatal es que “aplasta” estas formas naturales de organización. Si el gobierno promete solucionar cada problema, el ciudadano deja de sentir la responsabilidad de colaborar con su vecino. El minarquismo, al proponer un Estado estrictamente limitado, fomenta una ciudadanía más activa y comprometida. Es en la libertad donde se forja el carácter de un pueblo, no en la ventanilla de una oficina pública esperando un subsidio que se financia con el trabajo de otro.
La eficiencia es otro factor determinante. La burocracia no tiene incentivos para ahorrar ni para mejorar, porque no compite con nadie y sus ingresos están asegurados por la fuerza de los impuestos. Un Estado mínimo, al ser pequeño y transparente, es mucho más fácil de fiscalizar por parte de los contribuyentes. Se eliminan las capas de intermediarios que consumen la riqueza del país antes de que esta llegue a quienes realmente la necesitan. En este modelo, el éxito de una gestión pública no se mide por cuánto dinero gasta, sino por cuán poco necesita intervenir en la vida de los ciudadanos.
La libertad frente a la ingeniería social
El Estado moderno se ha arrogado el derecho de moldear la sociedad según los experimentos ideológicos de turno. Desde la educación hasta el lenguaje, el poder político busca homogeneizar el pensamiento bajo la premisa de que “el Estado sabe qué es lo mejor para usted”. El minarquismo es el antídoto contra esta arrogancia. Al limitar el poder a la seguridad y la justicia, se protege la pluralidad real.
En una sociedad minarquista, diferentes grupos pueden vivir según sus propios valores sin que el Estado les imponga una visión única del mundo. Si un grupo de personas quiere formar una cooperativa, es libre de hacerlo; si otro prefiere un modelo puramente competitivo, también. La única condición es que nadie use la fuerza contra otro. Esta neutralidad estatal es la máxima expresión de respeto a la libertad individual, permitiendo que la cultura evolucione de forma orgánica y no a través de programas de ingeniería social financiados con fondos públicos.
Es fundamental entender que el minarquismo no es una utopía, sino un modelo de gestión basado en la realidad. Países que han adoptado principios de limitación estatal han visto cómo su economía despega y cómo su tejido social se fortalece. No se trata de eliminar la ayuda a los más vulnerables, sino de entender que la mejor forma de ayudar a alguien es permitiendo que la economía crezca sin trabas y que la solidaridad fluya de persona a persona, sin el peaje burocrático que suele quedarse con la mitad del camino.
El desafío de la transición
Pasar de un Estado elefantiásico a uno mínimo no es una tarea que se realice de la noche a mañana. Requiere un cambio de mentalidad profundo en una población que ha sido educada para ver al gobernante como un padre proveedor. Significa recuperar la noción de que cada derecho implica una responsabilidad y que no existe tal cosa como un “servicio gratuito”; siempre hay alguien, en algún lugar, pagando la cuenta.
La propuesta propositiva del minarquismo para Chile consiste en una simplificación radical. Menos leyes, pero que se cumplan. Menos impuestos, pero que todos paguen. Menos ministerios, pero que los que queden funcionen con excelencia técnica y moral. Al despolitizar la economía y la vida social, reducimos la corrupción, porque donde hay menos poder que repartir, hay menos incentivos para el tráfico de influencias.
El Estado mínimo no es una invitación al aislamiento, sino un llamado a la mayoría de edad de la sociedad. Es reconocer que somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos en la mayor parte de nuestros asuntos y que solo requerimos de una autoridad para aquellos casos excepcionales donde el conflicto no puede resolverse de manera voluntaria.
Al final del día, la fortaleza de una nación no reside en la magnitud de su burocracia ni en la complejidad de sus leyes, sino en la energía indomable de sus ciudadanos libres. Un Estado que conoce sus límites es el mejor aliado de un pueblo que busca su propio destino. La pregunta no es cuánto Estado podemos permitirnos, sino cuánta libertad estamos dispuestos a recuperar para volver a ser dueños de nuestro propio futuro.
¿Te gustaría que analizáramos cómo se financiarían específicamente las tareas de seguridad y justicia en un modelo minarquista para Chile, o prefieres explorar los límites éticos de la función policial en un Estado limitado?