Durante décadas, la promesa del progreso se sostuvo sobre la idea de un destino común. Se asumía que, pese a nuestras legítimas diferencias, existían hilos invisibles que nos mantenían unidos bajo una misma bandera, un mismo lenguaje de convivencia y un conjunto de valores compartidos. Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo esa cohesión se desmorona. Lo que antes era un proyecto colectivo parece haberse transformado en un archipiélago de grupos aislados, donde la identidad ya no se define por lo que aportamos al conjunto, sino por las heridas que reclamamos frente al resto.
Este fenómeno no es casual ni puramente espontáneo. Responde a una transformación profunda en la manera en que entendemos la justicia y la pertenencia. Hemos pasado de la búsqueda de la igualdad ante la ley a la competencia por el reconocimiento de la particularidad más ínfima. En este escenario, el victimismo se ha erigido como el capital político más rentable de nuestra era. Quien logra posicionarse como el más agraviado adquiere automáticamente una superioridad moral que le permite exigir privilegios o silenciar al disidente. El problema es que esta dinámica no soluciona las injusticias reales; al contrario, las petrifica en una estructura de decadencia cultural que impide cualquier diálogo racional.
Cuando la identidad se construye exclusivamente sobre el agravio, el “otro” deja de ser un conciudadano para convertirse en un opresor por definición. Esta lógica erosiona los cimientos de la confianza pública. Si cada grupo se encierra en su propia narrativa de dolor, la posibilidad de un lenguaje común desaparece. La política deja de ser el arte de lo posible y la búsqueda del bien general para transformarse en un tribunal permanente donde se juzgan ofensas históricas, reales o imaginarias, bajo un código que cambia cada semana según los vientos de la moda intelectual.
Es fundamental observar cómo esta fragmentación afecta las instituciones más básicas. La erosión de lo compartido comienza en lo cotidiano y se extiende hacia lo institucional. Tradicionalmente, eran las comunidades locales, los gremios y, fundamentalmente, la familia y cohesión social los elementos que servían de amortiguador frente a las crisis. Al debilitar estos núcleos en favor de identidades abstractas y atomizadas, el individuo queda desprotegido, a merced de un Estado que intenta gestionar sentimientos en lugar de realidades materiales. La sociedad se vuelve más frágil porque ya no existen lealtades intermedias; solo queda el individuo aislado frente a una masa colectivista que le exige adhesión total a su tribu de turno.
La historia nos enseña que las sociedades que prosperan son aquellas capaces de integrar sus diferencias en un propósito superior. La fragmentación actual, en cambio, propone un camino de retorno al tribalismo. El victimismo como herramienta de poder incentiva la pasividad: si mi situación es culpa exclusiva de una estructura externa, no tengo responsabilidad sobre mi propio destino. Esta mentalidad es corrosiva para el espíritu de una nación. Una sociedad de víctimas es, por definición, una sociedad estancada, temerosa de la excelencia y resentida ante el éxito ajeno.
En el Chile de hoy, este debate no es meramente teórico. Lo vemos en las aulas, en el debate constitucional y en la mesa de cada hogar. Se nos invita constantemente a elegir un bando basado en características inmutables —sexo, origen, orientación— en lugar de juzgar a las personas por su carácter o sus acciones. Este reduccionismo es una trampa que solo beneficia a quienes viven de la gestión del conflicto. Para superar esta etapa, hace falta algo más que reformas técnicas; se requiere una disposición a recuperar la noción de ciudadano por encima de la de colectivo victimizado.
No se trata de ignorar que existen deudas históricas o desigualdades que corregir. La justicia es un imperativo. Pero la justicia no puede alcanzarse dinamitando los puentes que nos permiten vivir juntos. El asalto a los valores compartidos ha convertido el espacio público en una zona de guerra simbólica. En esta batalla cultural que enfrentamos, lo que está en juego no es solo una visión política, sino la posibilidad misma de mantener una civilización que valore la libertad individual y la responsabilidad personal.
Al final del día, una sociedad fragmentada es una sociedad fácil de manipular. El victimismo nos vuelve reactivos y nos quita la capacidad de proyectar un futuro. Si queremos reconstruir el tejido social, debemos volver a mirar aquello que nos une: la dignidad de la persona, el valor del esfuerzo y la convicción de que somos dueños de nuestra historia, no simples prisioneros de nuestras circunstancias. La identidad debería ser el punto de partida para contribuir al mundo, no el refugio desde el cual exigir que el mundo se detenga ante nuestros pies.
La verdadera madurez de un pueblo se mide por su capacidad de procesar sus traumas sin convertirlos en una cadena perpetua. Solo cuando dejemos de vernos como víctimas y empecemos a vernos nuevamente como prójimos, podremos aspirar a una paz social que sea algo más que una tregua temporal entre grupos en conflicto. La tarea de nuestra generación es decidir si queremos ser los herederos de una cultura que construye o los arqueólogos de una sociedad que se deshizo en pedazos por no saber perdonarse ni proyectarse.