Históricamente, el control de las fronteras ha sido la piedra angular de la soberanía nacional. Un país que no decide quién entra y quién sale de su territorio no es una comunidad dueña de su destino, sino un espacio a merced de flujos que no puede gestionar. En Chile, la crisis migratoria de los últimos años ha dejado de ser un fenómeno estadístico para convertirse en una realidad que golpea la seguridad y la convivencia diaria. Sin embargo, el problema no es solo la magnitud del flujo, sino la respuesta de un Estado moderno que parece haber dimitido de sus funciones críticas para concentrarse en burocracias inútiles.
La ausencia del Estado en la frontera no es un accidente, sino una decisión política, consciente o por omisión. Mientras el gasto público se expande en reparticiones que poco aportan al bienestar real, los pasos fronterizos quedan desprotegidos, permitiendo el ingreso de estructuras criminales que eran ajenas a nuestra idiosincrasia. Esta falta de rigor ha generado una presión insostenible sobre los servicios públicos y ha alterado profundamente la vida en los barrios, erosionando los lazos de confianza que sostienen a la familia y cohesión social. Cuando el Estado renuncia al control, el costo no lo pagan quienes firman los decretos desde Santiago, sino los ciudadanos de Colchane, Iquique o Estación Central.
La soberanía como fachada
Resulta paradójico que en la era de la hiper-regulación estatal, donde se le exige al pequeño emprendedor cumplir con mil trámites para abrir un negocio, la frontera sea un colador. Esta asimetría es el síntoma de un Estado que ha perdido el norte. El orden público es un bien superior y la primera condición para la libertad. Si no existe un registro claro de quién habita nuestro suelo, el contrato social se rompe. La seguridad se privatiza: quienes tienen recursos se encierran en barrios blindados, mientras que el chileno de a pie queda expuesto a un entorno cada vez más hostil y desordenado.
Este desorden migratorio también es una carga económica que nadie se atreve a cuantificar con honestidad. No se trata solo de la presión sobre la salud o la educación pública —que ya están al borde del colapso— sino del impacto en el mercado laboral y en la seguridad social. La integración real solo es posible si es ordenada y legal; la inmigración descontrolada solo genera precariedad, tanto para el que llega como para el que ya está. La incapacidad de nuestras instituciones para aplicar la ley vigente es una muestra de debilidad que incentiva la llegada de bandas internacionales que ven en Chile un territorio de impunidad.
El camino hacia la recuperación del orden
Recuperar el control no es un acto de xenofobia, sino de responsabilidad republicana. Un Estado mínimo y orden social robusto implica que el aparato público deje de entrometerse en la vida privada y en la economía, para volcar todos sus recursos y energía en su misión esencial: la seguridad pública y el cumplimiento de la ley. La política migratoria debe responder a los intereses nacionales y a la capacidad real de absorción del país, no a compromisos internacionales abstractos o a una moralina de fronteras abiertas que ha demostrado ser un fracaso rotundo.
La solución no vendrá de más burocracia, sino de una voluntad política que priorice la protección de los ciudadanos. Chile debe volver a ser un país donde las leyes se respeten y donde la soberanía no sea un concepto decorativo. Sin orden fronterizo, no hay seguridad; y sin seguridad, no hay prosperidad posible para nadie. Es momento de que el Estado deje de ser un espectador ausente y asuma el rol que la ciudadanía le demanda: proteger la casa común antes de que el daño sea irreversible.
Idea clara: La frontera es el límite de la ley; si la ley no rige en el límite, pronto dejará de regir en el centro. La seguridad de la nación comienza con la seriedad de sus fronteras.