Cada vez que se discute una nueva reforma tributaria en Chile, el discurso oficial suele envolverse en un aura de justicia y solidaridad. Se nos dice que el Estado necesita más recursos para cerrar brechas, para cuidar a los más vulnerables y para financiar derechos sociales. Es una narrativa seductora, pero que rara vez sobrevive al contraste con la realidad de la calle. Para el ciudadano de a pie, aquel que levanta su cortina metálica cada mañana o que destina una parte sustancial de su sueldo al IVA en el supermercado, el impuesto ha dejado de sentirse como un aporte al bien común para percibirse como lo que realmente es en la práctica: una transferencia forzosa de recursos desde los sectores productivos hacia una clase polÃtica y técnica que no para de crecer.
El problema de fondo no es solo la cuantÃa de la recaudación, sino el destino de esta. En las últimas décadas, hemos sido testigos de la proliferación de una nueva aristocracia estatal. No son los médicos de los consultorios ni los profesores de las escuelas rurales, sino una legión de asesores, consultores y mandos medios que habitan los pasillos de los ministerios y las reparticiones públicas. Esta estructura se alimenta de la riqueza generada por otros, convirtiéndose en un lastre para la libertad económica y prosperidad de la nación. Cuando el dinero sale del bolsillo de quien lo produce para financiar el informe de un asesor que nadie leerá, lo que ocurre no es justicia social, sino una transferencia de pobreza desde el futuro hacia el presente burocrático.
El costo oculto del Estado tutor
Existe la creencia errónea de que el dinero público es “gratis” o que cae del cielo. Sin embargo, cada peso que el fisco gasta tiene un origen: el esfuerzo de alguien que decidió emprender, trabajar o ahorrar. El Estado no crea riqueza; solo la redistribuye, y en ese proceso de “pasamanos”, una parte importante se queda atrapada en los engranajes de la administración.
Esta “fiesta de los asesores” tiene un costo moral profundo. Cuando un pequeño empresario ve que sus impuestos aumentan mientras la seguridad en su barrio empeora o las listas de espera en salud se eternizan, se rompe el contrato social. La legitimidad del tributo descansa en la eficiencia del servicio recibido. Si el servicio es deficiente, pero la casta administrativa sigue expandiéndose, el impuesto se convierte en una forma de confiscación.
El Estado moderno ha mutado de ser un garante de derechos básicos a ser un generador de empleo para las élites intelectuales que no encuentran lugar en el sector privado. Esta burocracia no solo es cara, sino que es obstructiva. Para justificar su sueldo, el asesor necesita crear nuevas regulaciones, nuevos formularios y nuevas trabas que, a su vez, requieren más asesores para ser fiscalizadas. Es un cÃrculo vicioso que asfixia la creatividad nacional y castiga especialmente a los más pobres, quienes no tienen el capital ni los contactos para navegar por la maraña burocrática.
La ilusión de la redistribución
Se nos ha vendido la idea de que cobrar más impuestos a los que más tienen solucionará automáticamente la desigualdad. Pero la experiencia histórica nos dice que la verdadera brecha no es solo de ingresos, sino de acceso al poder. El aumento de la carga tributaria a menudo no llega a los campamentos ni a las escuelas de la periferia; se queda en la contratación de parientes, en campañas de comunicación institucional y en la mantención de una estructura estatal que es alérgica a la eficiencia.
Cuando el Estado absorbe una parte excesiva de la economÃa, debilita la capacidad de la sociedad civil para resolver sus propios problemas. Los recursos que podrÃan haberse destinado a la inversión, a la creación de empleos genuinos o a la mejora tecnológica, terminan financiando un “Estado de bienestar” que parece estar diseñado más para el bienestar de quienes lo administran que de quienes lo reciben. La verdadera transferencia de pobreza ocurre cuando el capital que genera movilidad social es succionado por una maquinaria que solo sabe generar dependencia.
El debate no deberÃa ser solo cuánto se recauda, sino quién controla esa recaudación. La obsesión por la planificación centralizada ignora que el conocimiento está disperso en la sociedad. El dilema de mercado vs planificación no es una pelea entre egoÃsmo y solidaridad, sino entre un sistema que premia el servicio al prójimo (a través del intercambio voluntario) y uno que premia la lealtad polÃtica y la captura de rentas estatales. En la planificación, el que gana es el que mejor sabe moverse en los pasillos del poder; en el mercado, el que gana es el que mejor sabe satisfacer las necesidades de su vecino.
Hacia una ética de la responsabilidad pública
Es imperativo que volvamos a discutir la ética del gasto público. No puede ser que el despilfarro sea visto como una anécdota administrativa y no como una falta grave contra los ciudadanos más necesitados. Cada peso malgastado en una asesorÃa inútil es una medicina que no llega o un policÃa que no patrulla.
Una propuesta sensata para romper esta inercia no pasa por subir más los impuestos, sino por modernizar radicalmente el Estado para que rinda cuentas por cada centavo. Necesitamos una burocracia meritocrática, pequeña y altamente eficiente. Debemos despolitizar el empleo público y asegurar que los recursos lleguen directamente a las personas, no a los intermediarios de la polÃtica. El progreso de Chile depende de que el ciudadano deje de ser visto como una “vaca lechera” del fisco y empiece a ser respetado como el verdadero motor de la nación.
La prosperidad no se decreta desde un ministerio; se construye en la calle, en el taller y en la oficina. Si seguimos alimentando la “fiesta de los asesores” a costa del bolsillo del trabajador, no solo estamos hipotecando nuestro crecimiento económico, sino que estamos socavando las bases morales de nuestra convivencia. Una nación que castiga al que produce para premiar al que administra está condenada al estancamiento.
La verdadera compasión social no consiste en proponer reformas tributarias rimbombantes que alimenten la maquinaria burocrática, sino en permitir que las personas conserven el fruto de su trabajo para que puedan construir sus propios sueños. El impuesto debe ser la excepción, no la regla; un medio necesario, no un fin en sà mismo. Mientras el Estado siga funcionando como una agencia de empleo para la élite polÃtica, cualquier promesa de justicia seguirá siendo una ilusión pagada por los más pobres.