La política, en su acepción más noble, siempre ha sido el arte de gestionar lo posible en favor del bienestar común. Sin embargo, hoy asistimos a un espectáculo distinto: la política como una gran escenografía de promesas instantáneas y soluciones mágicas que, a la larga, terminan por socavar los cimientos de la convivencia. El populismo no es una ideología en sí misma, sino un estilo, una forma de ejercer el poder que privilegia el aplauso inmediato sobre la responsabilidad futura. En Chile y en el mundo, esta deriva nos ha conducido a un debilitamiento progresivo de las instituciones que, se supone, deberían protegernos de los arrebatos del momento.
Cuando las reglas del juego se vuelven elásticas para satisfacer el clamor de la calle o la ansiedad de las redes sociales, lo que se pone en riesgo es el concepto mismo de Estado moderno. Aquella estructura que nació para dar previsibilidad y orden a la vida en común se transforma en un botín en disputa. Las instituciones dejan de ser árbitros neutrales y pasan a ser herramientas de facción. El problema de fondo es que, una vez que se rompe la confianza en la norma escrita, lo que queda no es la voluntad del pueblo, sino el arbitrio del caudillo de turno.
Esta erosión institucional no ocurre en el vacío. Viene precedida por una atmósfera de decadencia cultural donde el pensamiento crítico ha sido desplazado por el eslogan. En una sociedad donde se valora más el “sentir” que el “razonar”, el populista encuentra el terreno fértil para sembrar la división. La narrativa es siempre la misma: un “nosotros” puro y virtuoso contra un “ellos” corrupto y malvado. Esta simplificación es sumamente seductora porque nos libera de la carga de entender la complejidad de los problemas sociales. Si la inflación, la inseguridad o la falta de empleo son culpa de un enemigo externo claramente identificado, entonces la solución parece simple. Pero la realidad, tozuda como es, no se deja doblar por la retórica.
El costo de esta forma de hacer política es el cortoplacismo. Los grandes desafíos de una nación —la educación, la infraestructura, la previsión social— requieren décadas de trabajo constante y acuerdos transversales. El populismo, por el contrario, vive del ciclo de veinticuatro horas. Prefiere gastar hoy lo que no tendremos mañana, hipotecando el futuro de las próximas generaciones a cambio de un alivio transitorio o una victoria electoral. Lo que empieza como un gesto de generosidad estatal termina, casi siempre, en crisis económicas que golpean con más fuerza a los más desvalidos.
Es curioso notar cómo el populismo, tanto de izquierda como de derecha, termina pareciéndose en sus métodos. Ambos desconfían de los contrapesos, ambos ven en la prensa independiente un obstáculo y ambos consideran que cualquier límite al ejercicio de su poder es una afrenta a la soberanía popular. Al atacar la independencia judicial o la autonomía de los organismos técnicos, se despoja al ciudadano de sus garantías básicas. Sin instituciones sólidas, el individuo queda a merced de la arbitrariedad. La paradoja es que, en nombre de la protección de las mayorías, se terminan destruyendo los mecanismos que protegen a todos los ciudadanos, incluidas las minorías.
La historia del siglo XX está plagada de ejemplos de naciones que, siendo prósperas y prometedoras, cayeron en el espiral del populismo y terminaron en la irrelevancia o la tragedia. El factor común siempre fue el mismo: la sustitución del mérito y la ley por la lealtad personal y el favor político. Cuando la administración pública se llena de operadores en lugar de funcionarios profesionales, la eficiencia del Estado se desploma. Y cuando el Estado no cumple sus funciones básicas, la ciudadanía, con razón, se siente estafada, lo que alimenta un nuevo ciclo de rabia y un nuevo mesías populista.
Recuperar la salud de nuestras instituciones exige un cambio de actitud que va más allá de lo electoral. Requiere entender que la democracia no es solo el acto de votar, sino el respeto diario a las formas y a los límites. Es comprender que la libertad individual no puede florecer en un ambiente de caos institucional o de autoritarismo disfrazado de voluntad popular. La libertad necesita orden, reglas claras y la certeza de que la ley es igual para todos, sin importar quién ocupe el palacio de gobierno.
La solidez de una nación no se mide por la estridencia de sus líderes, sino por la silenciosa eficacia de sus leyes y la integridad de sus instituciones. Si permitimos que el populismo siga carcomiendo los pilares de nuestra república, nos encontraremos pronto habitando un edificio en ruinas, preguntándonos en qué momento olvidamos que la política era, ante todo, una responsabilidad compartida. La verdadera soberanía consiste en construir instituciones tan fuertes que ningún hombre, por muy carismático que sea, pueda destruirlas en un arrebato de soberbia.