Históricamente, el primer deber de cualquier comunidad organizada ha sido garantizar la integridad de sus miembros. Antes de los derechos sociales, antes de las discusiones sobre la arquitectura económica o la identidad cultural, está el derecho a caminar sin miedo. Sin embargo, en el Chile actual, hablar de seguridad y orden parece haberse convertido en un tabú o, peor aún, en una bandera que solo se agita en periodos electorales para capturar la angustia de las víctimas. Se ha instalado una suerte de parálisis intelectual que nos impide abordar el problema de frente, como si poner orden fuera una regresión autoritaria y no una condición básica para la libertad.
Existe una confusión peligrosa que asocia el orden con la opresión, cuando en realidad la falta de seguridad es la forma más cruel de tiranía. Es la ley del más fuerte la que impera cuando el Estado se retira de los barrios. El ciudadano común, ese que se levanta temprano para ir a trabajar, es quien paga el precio más alto por esta vacilación. Para quienes creemos en un Estado mínimo y orden social, queda claro que si el poder público fracasa en su función esencial de monopolizar la fuerza y asegurar la paz, pierde toda su legitimidad. No hay contrato social que valga si una de las partes no puede cumplir con la promesa mínima de proteger la vida y la propiedad.
Esta discusión suele estar contaminada por prejuicios ideológicos que ven en la policía y en la aplicación de la ley un mal necesario, o incluso un mal a secas. Se olvida que el Estado moderno se construyó precisamente sobre la base de pacificar el territorio. Sin esa paz, no hay comercio, no hay educación y no hay vida pública. Lo que vemos hoy es un repliegue de la autoridad que ha permitido el avance de estructuras paralelas: bandas que no solo controlan el tráfico de sustancias, sino que imponen su propia justicia y su propia ética del terror en poblaciones que se sienten abandonadas.
El problema no se agota en el aumento de la dotación policial o en la construcción de más cárceles, aunque sean medidas urgentes. El desorden que vemos en las calles es el síntoma de una erosión mucho más profunda en las estructuras intermedias de la sociedad. Cuando se debilita la autoridad en la escuela, cuando se cuestiona la jerarquía en las instituciones y cuando se rompe la transmisión de valores en la familia y cohesión social, el resultado es un individuo que no reconoce límites. El orden no es algo que solo se impone desde fuera con un uniforme; es algo que se cultiva desde dentro a través de las instituciones que forman el carácter. Una sociedad que desprecia la disciplina en sus etapas formativas difícilmente podrá exigir orden en su vida adulta.
A menudo se argumenta que la inseguridad es solo un problema de desigualdad económica. Si bien es cierto que la falta de oportunidades es un caldo de cultivo para la delincuencia, convertir la pobreza en una excusa para el delito es una bofetada a los millones de chilenos honestos que, pese a las carencias, jamás han optado por el camino del crimen. La seguridad es, de hecho, la política más igualitaria que existe: los sectores más acomodados pueden pagar seguridad privada, vivir en condominios blindados y moverse en burbujas; es el pueblo el que queda expuesto en los paraderos y en las plazas. El orden es el patrimonio de quienes no tienen nada más que su trabajo y su tranquilidad.
Superar esta crisis requiere valentía para llamar a las cosas por su nombre. La seguridad no es una agenda de “derecha” ni de “izquierda”, es una demanda existencial. El Estado debe recuperar el control de sus fronteras, de sus cárceles y de sus barrios, no como un ejercicio de soberbia, sino como un acto de servicio a los ciudadanos. No podemos permitir que la discusión se pierda en eufemismos académicos mientras la realidad desborda cualquier estadística. El desorden actual no es una fase pasajera, es el resultado de años de concesiones simbólicas frente a la violencia.
La paz social no es la ausencia de conflicto, sino la vigencia de la ley por sobre la voluntad de los violentos. Si queremos proyectar un país hacia el futuro, debemos dejar de pedir disculpas por querer orden. Una nación que no es capaz de proteger a sus ciudadanos está condenada a la fragmentación y al miedo. Reivindicar la autoridad legítima es, en última instancia, reivindicar la libertad de todos, porque nadie es libre si no puede caminar por su ciudad sin mirar por encima del hombro.